La práctica política de la izquierda chilena -en relación a la estrategia para abrir camino al socialismo-, viene atravesada por una dicotomía que invita a navegar en aguas torrentosas y contracorriente.
A un lado, la idea de “gradualidad”, propia de algunas fuerzas políticas con cierta flexibilidad y apertura institucional que, durante el gobierno de la Unidad Popular, trabajaron con la consigna “Consolidar para avanzar”.
Al otro lado, la postura rupturista, motivada tal vez por cierto marxismo ortodoxo dominante en el Siglo XX y que se sintetiza en la consigna “Avanzar sin transar”, agregando la idea de inevitabilidad de un enfrentamiento extrainstitucional con las fuerzas adversarias y enemigas.
Esta dicotomía, que parece permanecer hasta la actualidad, constituyó una de las piedras de tope que el Gobierno Popular encontró en su avance hacia la consolidación de un estado socialista.
Ambas concepciones impidieron ver y abordar las complejidades de los procesos de transformación en países como Chile, donde, por una parte, la perspectiva de una revolución armada que generara un punto de inflexión, de ruptura radical era altamente difícil de implementar; y por otra, donde cierta flexibilidad y apertura institucional había generado la idea de que podía desarrollarse una transformación con miras al socialismo dentro del marco constitucional liberal-conservador de la Constitución de 1927, cuestión que, como se mostró con creces, era también una idea de muy difícil concreción (Testa, 2019).
Como primer desafío para avanzar en esta ruta hacia el socialismo, planteamos que la superación de esta dicotomía pasa por re-situarse en relación a estos dos polos, pues la ubicación “polar” nos hace pensar que Reforma y Revolución son momentos que no deben encontrarse, que no pueden concebirse como distintos aspectos de un mismo proceso, como dos naturalezas diversas en permanente flujo e intercambio, cuyo contenido, solidez, peso, intensidad, dependen de las condiciones, contextos, escenarios, en los cuales su desarrollo está teniendo lugar.
Debemos situarnos, entonces, exactamente en la intersección generada por Reforma Revolución, donde ambas se encuentran y hacen posible unas Reformas Revolucionarias. Sin perder de vista que las clases dominantes, que hoy enfrentan su mayor crisis histórica, no dejarán de lado sus privilegios en favor de los oprimidos. Exactamente al contrario, lo que vemos en el último período es el mayor ataque hacia los trabajadores y los pueblos oprimidos.
¿Por dónde avanzar, entonces? Qué estrategia es lo suficientemente permeable que pueda admitir estas dos naturalezas?
Nos parece que la renovación de nuestra Constitución Política mediante una Asamblea Constituyente Libre y Soberana -que sea expresión fiel del poder popular, como fuerza política que posee en su centro la participación ciudadana (principalmente, popular)- es, sin lugar a dudas, un instrumento que posibilita la concreción estratégica de un programa de reformas profundas, de transformaciones revolucionarias, pero también legitimadas por la ciudadanía, lo que implica enfrentar y derrotar a los testaferros de la Dictadura, de la cual se benefician hasta hoy.
A diferencia del proceso espurio que está desarrollando el actual Consejo Constitucional, sin plebiscito, a espaldas del pueblo, redactado por un “comité de expertos” y arbitrado por un comité de admisibilidad; ambos elegidos desde el Congreso Nacional, y a dedo por partidos políticos ya deslegitimados.
El Poder Popular, como fuerza política generada y sostenida por la participación popular, tiene sus referentes en Latinoamérica. Ecuador, Bolivia y Venezuela han construido un incipiente poder popular organizadamente, por medio de instituciones estatales y no estatales que permitieron la existencia de un programa de reformas económicas y políticas de carácter reformista, esto es, que generaron algunas transformaciones en el status quo dominante.
Este carácter transformador se concretiza en una serie de reformas que se han construido bajo las vías pacíficas, legales y gradualistas, aunque siempre con base en la creación de una correlación de fuerzas políticas que controlen el poder del Estado, a fin de continuar con el desarrollo de su proyecto (Moreno y Figueroa, 2015).
Con la agudización de la crisis capitalista que se abrió en 2008, a partir del 2012, el imperialismo norteamericano pasó a apretar mucho a América Latina, lo que llevó a que la mayor parte de las reformas fueran desechadas. En Ecuador, por los gobiernos derechistas que sucedieron los gobiernos de Rafael Correa. En Bolivia, por el gobierno de Luis Arce, que fue el ministro “neoliberal” de Evo Morales. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro representa el ala derecha del chavismo, que después de la muerte de Hugo Chávez y con la caída de los precios del petroleo y las sanciones de los Estados Unidos, pasó a golpear una buena parte de los programas sociales de los gobiernos de Chávez.
Raya para la suma: Es la construcción de Poder Popular por el pueblo organizado lo que nos permitirá superar este triste escenario de crisis en América Latina, para donde los Estados Unidos redirecionan el grueso de su propia crisis porque nosotros somos tratados como su patio trasero desde la Doctrina Monroe (1822).
El poder popular implica el desarrollo de la democracia por la base, a partir de organizaciones populares y de trabajadores.
En Chile es preciso una nueva constitución. Todos estamos de acuerdo en que hay que sustituir la Constitución de la Dictadura de 1980.
El problema reside en: a beneficio de quién será elaborada esa constitución
Las clases dominantes actuales no están dispuestas a hacer ninguna concesión importante y quieren mantener las estructuras de la Dictadura funcionando, como sucede hasta hoy. Eso vale para las AFPs (fondos de pensión), Isapres, la destrucción de la salud y educación públicas, la entrega de los recursos minerales a cambio de nada, la represión y exterminio de los pueblos originarios; las fuerzas represivas más nazis de toda América Latina, siempre dispuestas a arrancarle los ojos a quien osa enfrentar el régimen actual.
La Constituyente Libre y Soberana debe elegir sus diputados no por los mecanismos super corruptos de parlamentarios actuales. Deben ser elegidos en asambleas populares y cabildos, con la posibilidad de ser revocados si no cumplieren con sus mandatos y con salarios que no superen los salarios medios de los trabajadores.
¡¡ A construir poder popular y a exigir la gestación de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana!!
