La Comisión de Derechos Humanos del Senado ha recomendado, por tres votos contra dos, a Blanquita Honorato Lira como Defensora de la Niñez. Sin embargo, esta nominación ha generado fuertes críticas debido a su implicación en la aprobación de una normativa polémica.
Honorato, en su cargo como Subsecretaria de la Niñez durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, aprobó el Reglamento de Acreditación de Colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Según el contralor Jorge Bermúdez, esta norma contradice la Ley de Protección al Menor y ha permitido situaciones graves en Talca, donde un imputado recibió un millón de pesos del Estado a pesar de estar formalizado por abuso sexual.
El reglamento visado por Honorato, promulgado en enero de 2022, es objeto de controversia ya que permite que los solicitantes presenten una declaración jurada simple para acreditar su idoneidad moral, a pesar de la existencia de investigaciones en su contra.
El contralor Bermúdez destacó la importancia de garantizar la idoneidad moral de los colaboradores del Servicio y señaló que la ley prohíbe que personas bajo investigación trabajen con niños. Sin embargo, el reglamento de Honorato simplifica este proceso y se basa en declaraciones juradas simples.
Este enfoque ha generado preocupación, ya que permitió que Gastón Pinochet Donoso, imputado en dos causas por abuso sexual infantil así como tenencia de material pornográfico infantil, recibiera fondos del Servicio Mejor Niñez a través de la “Corporación de Ayuda a la Familia”. La Corporación fue reacreditada en 2022, y el Comité de Expertos, dependiente de la Subsecretaría de la Niñez, aprobó esta reacreditación a pesar de las acusaciones contra Pinochet Donoso.
El Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Subcontratados para la Niñez y Juventud (SINTRASUB) también ha expresado su preocupación, señalando que la Corporación tenía a uno de sus directivos bajo investigación por abuso sexual y que la elección de su hijo como presidente de la entidad incumple la ley.
Estas revelaciones han generado un escándalo y una querella contra el fiscal Julio Contardo y otros involucrados en el caso por parte del abogado Fernando Leal. La diputada Ana María Gazmuri ha expresado su descontento con la falta de diligencia en la investigación.
Este caso destaca la importancia de garantizar la integridad y los derechos de los niños y la necesidad de una regulación más rigurosa en la protección de los derechos humanos. La nominación de Honorato como Defensora de la Niñez plantea cuestionamientos sobre su compromiso con estos principios fundamentales y la necesidad de una mayor unidad contra aquellos que ponen en riesgo los derechos de los niños.
La situación en Chile respecto a la defensa de la niñez plantea preocupaciones legítimas y demanda una profunda reflexión. La nominación de personas cuestionadas y la aprobación de normativas polémicas en el ámbito de los derechos humanos y la protección de los niños, parecen poner en riesgo la integridad y el bienestar de los más vulnerables.
Es evidente que la falta de transparencia y la presencia de figuras vinculadas con intereses económicos y políticos en estos roles cruciales generan un ambiente de desconfianza. La impunidad que persiste en casos de represión a estudiantes y abusos en el antiguo y nuevo Sename es un recordatorio doloroso de las consecuencias de estas decisiones.
Múltiples denuncias de pedofilia, tortura y violaciones en residencias, junto con la devastadora cifra de más de 1000 muertes de niños y niñas, además de la precarización laboral de trabajadores tercerizados por fundaciones “sin fines de lucro” y un controvertido convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que expone la entrega de datos de usuarios, han puesto al SENAME en el ojo de la tormenta.
Desde su creación en 1979, SENAME ha sido un organismo público destinado a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Sin embargo, bajo el gobierno de Ricardo Lagos y la ley 2032, se introdujo el concepto de “organismos colaboradores de SENAME,” permitiendo que más del 80% de los recursos públicos fueran a parar a fundaciones y ONG privadas, supuestamente sin fines de lucro. Esta aparente benevolencia oculta una explotación brutal de los sectores más vulnerables de la sociedad.
¿Acaso Blanquita podrá levantar la demanda del fin del Sename o la de una niñez saludable, digna, sin explotación, sexualización, peligro …? Pues, es una demanda histórica, y supuestamente quienes estén sentados en el gobierno deberían gobernar para los intereses de su pueblo… Como un chiste de mal gusto, sabemos que la respuesta es un rotundo NO.
Para lograr un avance real en la protección de los derechos de la niñez, es necesario abordar estos problemas estructurales y buscar una mayor participación y supervisión ciudadana, no solo cada cuatro años, sino en todo el proceso de control. El pueblo organizado tiene el poder y sabe lo que necesita.
Chile necesita un compromiso genuino con la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a sus niños, quienes merecen un futuro seguro y prometedor.
