A 50 Años del Golpe Genocida: Reflexiones y Aprendizajes
El 11 de septiembre de 1973, el Gobierno de la Unidad Popular, representado en el Presidente Salvador Allende Gossens, fue herido de muerte por llevar a cabo una de las más nobles y complejas proezas que el mundo de la política haya conocido: el intento de inaugurar la vía democrática al socialismo en América Latina.
A 50 años del golpe de estado genocida, organizado y financiado desde los Estados Unidos, nos parece necesario reflexionar más allá del miedo, del horror y la desesperanza, para encontrar aprendizajes que otorguen valor a nuestro porfiado empeño.
Con sus aciertos y sus equivocaciones en la política del Gobierno de la Unidad Popular, no es posible negar la bondad de sus intenciones, ni la orientación solidaria de las transformaciones propuestas en sus políticas.
Ejemplos de Transformaciones Sociales: Cobre y Nutrición
A modo de ejemplo, la nacionalización del cobre, mediante la cual el Estado chileno se convirtió en propietario absoluto del cobre existente en el país; el Programa Medio litro de leche, que aumentó de 650.000 a 3.600.000 sus beneficiarios, entre niños y embarazadas, ayudando a reducir la desnutrición en el país.
Fue un modelo para otros países de América Latina, y logró sobrevivir en el tiempo, proyectándose con cambios, hasta la actualidad.
En esta breve reflexión pretendemos mostrar una forma poco usual de mirar el proceso revolucionario que el Gobierno de la Unidad Popular llevó a cabo.
Emulando a Héctor Testa (2019), queremos hacer visibles nuevos elementos con los cuales abordar constructivamente nuestro futuro proceso de transformaciones, mirándolo desde la perspectiva de un “proceso constituyente inconcluso”.
Esto es, superando la dicotomía entre gradualidad y rupturismo, tan presente entre las fuerzas políticas que, por aquellos años, dominaron la escena entre las fuerzas integrantes de la Unidad Popular.
Mientras algunas de ellas -con cierta flexibilidad y apertura institucional- apuntaban a la gradualidad e institucionalización del proyecto de transformaciones, sintetizada en la consigna “consolidar para avanzar”; otras -influenciadas por cierto marxismo ortodoxo, dominante en el Siglo XX- sostenían una postura rupturista, junto a la idea de inevitabilidad del enfrentamiento extrainstitucional con las fuerzas adversarias y enemigas para “avanzar sin tranzar”.
La pregunta implícita que Testa se hace es ¿Qué pasaría si en lugar de plantear en términos dicotómicos o excluyentes las transformaciones estratégicas que se requiere para alcanzar el socialismo, las planteamos más bien, en términos incluyentes, unitarios, de conexión y vínculo?
¿Será que existe la posibilidad de aunar ambos?
Testa juega un poco con los términos y nos habla de “reforma y revolución”, “reformas revolucionarias”, “revolución de reformas”, crecientes y acumulativas, entendiendo la revolución como un proceso más que como un hito; pues los procesos revolucionarios también involucran reformas, es decir, las reformas pueden estar inmersas en un proceso de transformaciones mayores y de carácter revolucionario.
Para establecer ese vínculo, esa unidad entre reforma y revolución, se requiere encontrar un concepto mayor, un concepto genérico capaz de contener ambos términos. Ese concepto puede ser el de “Derecho” en general, y/o el de “Constitución” en específico.
Los términos “Derecho” y “Constitución”, como herramientas de transformaciones estructurales, sociales y políticas, requieren ser concebidos no sólo como expresión de la dominación de quienes dominan (que lo son), sino como un campo en disputa, puesto que constituyen, a la vez, la cristalización de fuerzas y demandas populares.
El “Estallido Social” y la Lucha por una Nueva Constitución
El “Estallido Social” que el año 2019, en Chile, puso patas arriba a la clase política y empresarial, y cuya demanda de “nueva constitución” fue el detonante del proceso constituyente llevado a cabo el 2020, es un claro ejemplo del instrumento constitucional visto como un “campo en disputa”.
No obstante, ninguna de las dos miradas, ni la reformista ni la revolucionaria, se planteó como posible la elaboración de una nueva constitución que reflejara la correlación de fuerzas en ese momento histórico y que, consecuentemente, se estableciera como solución a los problemas que impidieron la continuidad y proyección de la “vía chilena al socialismo”.
El reemplazo constitucional quedó como propuesta irresuelta y nunca implementada en el marco del espacio del Comité Político de la UP y la conducción gubernamental.
Los Estados Unidos, que son los principales dueños de América Latina, desde que impusieron la Doctrina Monroe en 1820, consideran, no sólo a Chile, sino a toda América Latina como su patio trasero. Bajo esta política han buscado sabotear a todos los gobiernos que se les opongan.
Las revueltas sociales, que han sido abundantes en la región desde el 2019, son un producto de los gobiernos de derecha con los cuales los Estados Unidos sustituyeron, por medio de maniobras golpistas, a los gobiernos que tenían un cierto perfil nacionalista.
La “Nueva” Constitución y el Intento de Acabar con las Reivindicaciones
Debido a la reacción popular, la política de los Estados Unidos fue imponer gobiernos de “izquierda” super derechizados, como lo hizo en Chile, Colombia y Brasil.
El gobierno Boric fue impuesto bajo la propaganda demagógica de que sería la continuidad de la Unidad Popular y que Boric sería un nuevo Allende.
En los hechos, el gobierno Boric es la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera y conforme ha entrado en decadencia, ha ido cayendo en los brazos de la derecha y de la extrema derecha, que ahora en conjunto quieren imponernos la “nueva” constitución de la Dictadura en diciembre, en el intento de acabar con las reivindicaciones del pueblo chileno de la Revuelta Popular de octubre de 2019.
En diciembre, debemos Votar en Contra.
La salida de los trabajadores y de los pueblos es una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
