Tres jóvenes involucrados en querellas presentadas por la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue tendrán una nueva audiencia en noviembre. Esta situación surge luego de que a uno de ellos no se le presentara la suspensión condicional del proceso y otros dos plantearan que los delitos que se les imputan están prescritos.
El pasado 20 de septiembre, se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, vinculada al proceso judicial que enfrentan 12 jóvenes defensores del río Biobío, acusados de diversos delitos relacionados con acciones de protesta contra el proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue.
De los doce implicados, uno previamente había aceptado la salida alternativa ofrecida por el Ministerio Público, que implicaba la suspensión condicional del proceso. Ocho personas más se sumaron a esta opción, quedando tres con el proceso en curso.
En otra instancia, el 19 de julio, la Fiscalía comunicó su decisión de no continuar con los delitos de secuestro, robo con intimidación y violencia, así como robo en lugar no habitado. Sin embargo, se mantuvieron los delitos de usurpación violenta, amenazas y daños, estos últimos valorados en $5 millones.
Una de las personas no pudo optar por la salida alternativa, lo cual será revisado por su defensa para la próxima audiencia. Por otro lado, dos jóvenes no aceptaron la oferta del Ministerio Público referida a la suspensión condicional del proceso, argumentando que los hechos y delitos por los cuales se encuentran formalizados están prescritos.
Ante esta situación, se ha convocado a una nueva audiencia en el mismo Juzgado de Santa Bárbara para el 22 de noviembre de este año, donde se abordarán los tres casos en cuestión.
Este proceso judicial se desarrolla mientras el proyecto hidroeléctrico está a la espera de la declaratoria de interés nacional necesaria para su construcción. La empresa hidroeléctrica busca talar especies de guindo santo y naranjillo en el lugar donde planean instalar la central, ambas en categoría de conservación, para lo cual se requiere la declaración de interés nacional.
Cuatro organismos han rechazado la intención de catalogar el proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue como interés nacional, mientras que el SAG y el Ministerio de Energía respaldan esta declaración para permitir la construcción del proyecto.
Mientras tanto, la alarmante tendencia de criminalizar la protesta social va en aumento, dejando en evidencia una realidad preocupante: las grandes corporaciones tienen luz verde para saquear la patria impunemente.
Este parece ser el anhelado sueño de los más adinerados, un país donde todo está al alcance de aquellos con recursos, mientras que los verdaderos defensores de los derechos y la equidad son arrojados a las frías celdas de la prisión. En este escenario desolador, el estado policial que se está instaurando bajo la administración de Boric supera las expectativas incluso de lo que el mismo Piñera hubiera deseado establecer.
En esta misa línea, la Resistencia Mapuche-Lavkenche (RML) emitió un comunicado el 24 de septiembre en el que niega cualquier conexión con mafias forestales, incluyendo a carabineros, dedicadas al robo de madera y extorsión bajo protección de las autoridades.
Desmienten que alguno de los 11 detenidos en un reciente operativo sea miembro de la RML. Además, denuncian un montaje mediático por parte del gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público y la policía para difamar la lucha del Pueblo-Nación mapuche, las comunidades en resistencia y las organizaciones autonomistas.
Detallan que este montaje se desvaneció rápidamente, resultando en arresto domiciliario para cinco de los detenidos por asociación ilícita para el robo de madera. Reafirman su compromiso con la lucha mapuche y expresan su preocupación por la militarización y proyectos de ley que buscan asegurar la propiedad de usurpadores. Finalmente, muestran solidaridad con los presos políticos mapuche y reivindican su resistencia a la prisión política.
Es imperativo que la sociedad se mantenga alerta y unida para resistir esta erosión de las libertades fundamentales y luchar por un futuro donde la justicia y la igualdad sean la verdadera bandera de la nación, sin el pueblo unido y organizado, el camino ha enfrentar es desolador y lleno de represalias, pero, a medida que el calor de la lucha aumenta, las organizaciones surgen, los dirigentes se construyen y la unión se da más allá de las fronteras el camino se ilumina.
Chile es hoy, otro más de los países que muestran que no hay salida con los partidos institucionales, no hay forma de hacer un cambio si vamos por el mismo camino de siempre, esperando de terceros, pequeño burgueses al servicio de las grandes elites, que construyan el país que nosotros necesitamos.
En Diciembre votamos en contra del fraude y la arremetida capitalista, nuestra lucha no se limita al gobierno de turno, ya sea Boric, Piñera o Kast. Estamos en pie de guerra contra un sistema capitalista opresivo que nos relega a ser simples engranajes de explotación mientras ellos llenan sus bolsillos.
Es vital comprender el verdadero significado de exigir una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, desvinculada de la opresiva institucionalidad actual. Nuestra propuesta radica en la demanda de que esta nueva constitución sea forjada por las bases mismas de la sociedad a través de cabildos, asambleas y más. Una constitución que perdure en el tiempo, reemplazando al actual Estado nefasto que sirve a una ínfima minoría.
En esencia, levantamos la bandera de un cambio radical: el fin del Estado capitalista y servil, en favor de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, eternamente al servicio de los pueblos.
