Jujuy: Donde la determinación se transforma en conquista y esta en represión.

Ante el ascenso del movimiento que no ha de bajar, el gobierno provincial recurre a aplicar multas de hasta dos millones de pesos a los manifestantes. Hasta el momento, “hay más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas”.

Los profesionales de la Administración Pública de Jujuy, Argentina, conquistaron un salario inicial de 239 mil pesos en la última paritaria de Apuap (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública), que nuclea a los profesionales universitarios, con el Gobierno de Jujuy.

Desde Apuap resaltaron que se trata de una importante conquista salarial y destacaron que se debió al protagonismo de ese gremio en la lucha constante por mejorar los sueldos de los profesionales universitarios.

Declaración de Verónica Aramayo, secretaria adjunta de Apuap:

“El martes en asamblea y con la participación de más de 110 afiliados, aprobamos las negociaciones salariales de nuestro sector que tienen que ver con puntos sustanciales que veníamos peleando desde hace más de un año y medio, como el banqueo por módulos por desempeño; el aumento de la responsabilidad profesional (reconocimiento de título universitario); la universalización de un plus que se había otorgado a los agentes de la salud, sumado a la pauta salarial general”.

La aceptación de la propuesta salarial del Gobierno no implica abandonar otros pedidos que buscan seguir corrigiendo el perfil del salario profesional “con las discriminaciones que se habían aplicado en la gestión del anterior ministro de Salud”. Desde Apuap continuarán acompañando y brindando solidaridad al resto de los gremios, organizaciones sociales y comunidades originarias en el rechazo a la Reforma Parcial de la Constitución.

Apuap integra la Multisectorial contra la Reforma.

Las mejoras logradas por APUAP serán liquidadas con los haberes del mes de junio y tienen como principales puntos:

Aumento salarial del 10% sobre todos los conceptos, alcanzando un porcentaje de aumento en la paritaria general para el primer semestre del año, de un 53%.
10% de aumento en el reconocimiento del titulo universitario (responsabilidad profesional).

Blanqueo en una cuota de un módulo por desempeño (pasa al básico de categoría).

Aumento del adicional por recurso humano crítico a $75.500 para todos los y las profesionales de las leyes 4413 y 4418 que se encontraban por debajo de ese monto.

Salario de ingreso (piso salarial) de $239.000 para las leyes 4413 y 4418.

No descuento de los días de paro.

En la última asamblea de Apuap se aprobó por unanimidad:
Avanzar en estas conquistas, monitorear el impacto de las mismas en el salario profesional y participar en una nueva reunión paritaria convocada por el ejecutivo provincial para el próximo 12 de julio.

Mantener y desarrollar la lucha en rechazo a la reforma de la Constitución del gobernador Gerardo Morales,⁶ que cercena derechos democráticos fundamentales.

Rodear de solidaridad a los docentes, trabajadores en general, pueblos originarios y los demás sectores en lucha. no a los descuentos de días de huelga.

Realizar una asamblea regional de Quebrada y Puna para ratificar y fortalecer la solidaridad activa que llevan adelante los y las trabajadoras profesionales de esas zonas con los conflictos en curso.

De producirse una nueva represión en la Provincia, llamar a un paro general con el conjunto de trabajadores estatales.

Convocar y participar de la marcha antorchas convocada por la multisectorial contra la reforma el día miércoles 5 de julio, al conmemorarse un mes del inicio de la masiva lucha docente.

Mandatar a la Comisión Directiva para continuar coordinando la unidad de acción con la intergremial y la Multisectorial contra la Reforma.

Ahora, el gobierno, ante el ascenso del movimiento en Jujuy que no ha de detenerse, aplicará multas por las protestas en contra de la reforma constitucional.

El gobierno provincial informó que comenzarán a aplicarse multas de hasta dos millones de pesos a los manifestantes. Hasta el momento, “hay más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas”.

La policía de la provincia va a seguir con los trabajos cada vez que se corten las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas”, “pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos”.

El objetivo de este accionar, donde “el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales”, es que “se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito, tanto para los autores materiales, cómplices e instigadores”, que pueden sumar “hasta 25 años de cárcel”.

Esta situación solo demuestra como ante el movimiento de las masas explotadas lo único que le queda a estos gobiernos ultra-derechizados a raíz de la crisis es la represión y criminalización de las protestas.