Todo en Chile y el mundo se trata de reparto, quién obtiene más y quiénes menos. Muchos de los que han estudiado este reparto pueden concluir que, frente a una misma actividad, si el reparto no es equitativo se va a transformar en una injusticia, y el ser humano debe, desde muy infante, darse cuenta de esta acción. Ahora bien, esto cambia rotundamente cuando sabes la porción de reparto desde antes. Esa condición refleja lo que hoy nos pasa como sociedad chilena y que se muestra muy elocuentemente en el reportaje del canal Alemán DW “La Sociedad del Malestar”.
La oportunidad de la acción de reparto va íntegramente relacionada con la oportunidad de construir la democracia, la que en el Chile actual tiene un sesgo muy central: los probos, los adecuados para el poder están posicionados en una perspectiva muy relevante en la sociedad creada por el capital, los ves en todos lados. Son los universitarios que llegan a cargos políticos, son los jefes, los médicos, los dirigentes de ciertos sindicatos (no de todos). Hoy son los cercanos a las fundaciones y a los partidos políticos. Ahí están quienes reparten la torta.
Los “progresistas” de izquierda y la derecha están en ese sector. Son dueños de la balanza y cualquier acción va directamente en beneficio propio como primera opción y como segunda, en beneficio directo de los colaboradores financistas, profesionales y militantes. Ellos son los primeros en la lista de reparto. Así funciona y así ha funcionado en el último medio siglo, más o menos concentrado de acuerdo a la década. El dictador Pinochet se aseguraba sólo en tiempos de Dictadura.
Uno de los muchos ejemplos son los refichajes ilegítimos. Una medida hecha a la talla de los dueños de la balanza que reparte. Para dimensionar esto, un par de cifras: Revolución Democrática, el partido más grande de la coalición presidencial, realizó elecciones generales este año, en las que -de los 27.000 mil militantes fichados- solo participaron 1.520, equivalentes a un 5,696%.
Desde la interna de dicho partido, afirman que sabían que la participación sería baja e incluso señalan que no es un mal número, considerando la poca participación en el proceso pasado. En cuanto a la composición del Consejo Político Nacional, se impuso la lista “La Revolución con Chile” con 585 votos, lo que representa el 38,49%. Esta opción estaba apoyada por los lotes históricos del partido como “El Tercerismo” y “Pantalones Largos” (espacio al que pertenecen Giorgio Jackson y Miguel Crispi, respectivamente). Más atrás “Raíces por Chile” con 27,96% y “Ecofeminismo” con 20,39% (diputados Veloso, Sáez y ministro Ávila). Pero vamos a una de las políticas más burdas de los últimos años.
“Los Refichajes Ilegítimos”
Imaginemos por un instante que, bajo condiciones excepcionales, nuestra economía se libera para los empobrecidos y podemos pedir un crédito a un banco para solucionar los agobios de las bajos sueldos o aun mejor, pedir un crédito por situaciones de salud, o educación o incluso para comprar agua, ya que en chile la maravilla capitalista nos ayuda de esa manera. La autoridad baja los requisitos (que ya son casi absurdos) para solicitarlos y sólo nos pide hacerlo por Internet. Para acreditar nuestra identidad, sólo es necesario envíar una foto del carnet por ambos lados. Pero ésto no es sólo un sueño, pueblo; y, aunque suene como una utopía o una mala broma, esa fue la modificación que sufrió la inscripción para legalizar los partidos políticos en el año 2019, sin requerimientos, sin mayores condiciones.
Esto, por absurdo que parezca, es algo que de manera muy socavada habla la clase política. Ningún Medio (solo un par), ninguna autoridad (poquito más que un par) se han referido a este tema; mucho menos, militantes. Desde el fascismo de Kast hasta el PC de Chile no se han referido a este traje hecho a la medida. Nuestra supuesta democracia se reduce a un puñado de hombres y mujeres de una sola clase con una normativa hecha a la medida para conseguir regalías particulares a destajo desde una base impositiva (tributos), que debemos pagar todos. Anda a no pagarlos, porque este mismo Estado, reducido, te va a caer encima con todo el rigor de su propia ley.
El 14 de abril de 2016 se dictó la ley que estableció un plazo de un año, hasta abril de 2017, para que los partidos ficharán a sus miembros. Si no cumplían con este trámite quedarían obsoletos, sin poder actuar como patrocinadores de candidatos presidenciales o parlamentarios y sin acceso al financiamiento con fondos públicos.
La exigencia, que originalmente impuso cumplir con un criterio “verificable” (clave única o ministro de fe), puso a los partidos en la agonía.
Avanzaba el plazo y no podrían cumplir. Así, de manera transversal, dirigentes de izquierda a derecha comenzaron a presionar, primero por una “ley corta” –es decir, un traje a la medida– que les evitaría aquel riguroso requisito.
Luego, pasaron a otra estrategia: presionar al Servel. El Servicio Electoral es un organismo definido por ley como autónomo, precisamente para que pueda oficiar como árbitro garante. Pero esta vez el árbitro comenzó a ser presionado por los jugadores que estaban perdiendo el partido y quedando fuera de la liga, que repartiría alrededor de $7 mil millones por año para financiar a los partidos.
Recordemos que la ley, inicialmente exigía “clave única” o “ministro de fe”. Pero el organismo que presidía en ese tiempo Patricio Santamaría, argumentó que la norma obligaba a utilizar “medios electrónicos”, por lo que a juicio del Servel bastaba con una fotocopia enviada por e-mail para cumplir con ese criterio.
El objetivo de la “clave única” o “ministro de fe” era establecer un sistema verificable, por medio de mecanismos seguros y confiables. Solo los medios electrónicos que cumplan con esas características pueden ser considerados legales. Y esto es muy simple: una fotocopia adjunta a un correo no garantiza de manera sistémica la verificación de los datos.
Todo este contexto se transforma en una posición de las élites o casta política nacional, para conseguir recursos de manera fácil y sin mayores requisitos; una manera legal de enriquecimiento personal. Esta primera “repartija” es sin pudor. Otro caso salió a la luz hace pocos días.
Firmas Falsas y Conspiración en Afiliaciones de Convergencia Social: Revelaciones de Transparencia y Cuestionamientos al SERVEL
La siguiente información fue divulgada por @azetaene via Twitter
En un interesante giro de los acontecimientos, “nuevos datos” han arrojado luz sobre las afiliaciones masivas al Partido Convergencia Social, suscitando preguntas sobre la legalidad y transparencia de este proceso. Hace aproximadamente dos años, @Curvaspoliticas presentó un análisis detallado sobre este tema en un episodio de #contrainteligentes junto con @azetaene, exponiendo una serie de hechos que han cobrado relevancia recientemente.
El Servicio Electoral (SERVEL) respondió a una solicitud de transparencia presentada por un ciudadano. Junto con la documentación requerida, se adjuntan datos sorprendentes que arrojan luz sobre las afiliaciones en cuestión.
Se descubrió que las afiliaciones de unos 13,000 individuos a Convergencia Social habían sido presentadas simultáneamente en un solo acto, otorgándoles a todas las afiliaciones la misma fecha de registro. Sin embargo, se plantea que esta presentación conjunta podría haber infringido normativas legales, ya que la afiliación a través de clave única es un acto personal e indelegable.
Entonces… ¿cómo fue posible?
Este peculiar evento fue seguido por un comunicado por parte del SERVEL, que responsabilizaba a quienes difundían la información – que el SERVEL mismo había proporcionado – de propagar noticias falsas. Este comunicado, en lugar de aclarar las dudas, generó más cuestionamientos sobre las afiliaciones y sus circunstancias.
El Presidente de la República también entró en la conversación, respaldando la declaración del SERVEL en un movimiento que algunos consideran una interferencia indebida en la independencia de esta entidad. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y la comunidad se muestra renuente a aceptar la versión oficial presentada por el SERVEL.
Los hechos que llevaron a estas afiliaciones masivas son igualmente intrigantes.
Convergencia Social necesitaba reclutar a 34,000 nuevos militantes de tres regiones diferentes para ascender de un partido regional a uno de alcance nacional. Esto les permitiría inscribir a su candidato, Gabriel Boric, sin tener que recolectar firmas de patrocinio.
Sin embargo, enfrentaron dificultades en este proceso. A pesar de contar con 60 días para reunir las firmas necesarias, no lograron recolectar ni siquiera el 30% requerido en ese plazo. Según @PamJiles, las firmas “aparecieron” misteriosamente en el último fin de semana, lo que se atribuyó al “efecto Jiles”. No obstante, esta versión contrasta con los hechos más complejos detrás de esta situación.
La participación del SERVEL en este proceso ha sido cuestionada en varios aspectos. Históricamente riguroso en la formación de nuevos partidos políticos, el SERVEL otorgó facilidades excepcionales a Convergencia Social en este caso. A pesar de los requisitos legales claros y específicos para la afiliación a partidos, el presidente del SERVEL, Andrés Tagle, pareció pasar por alto estas normativas al afirmar que el tema de las afiliaciones era responsabilidad exclusiva de los partidos.
Además, el SERVEL facilitó el proceso de recolección de firmas en medio de la pandemia, dictando una resolución que contradecía tanto la ley electoral como la Constitución al modificar reglas en pleno proceso. La validez de las afiliaciones electrónicas y en papel también se ha cuestionado, exigiendo transparencia en las fechas, IP y notarios involucrados en estos actos.
Para concluir es necesario determinar algunas cuestiones más centrales; la primera y más evidente es que existe una prueba frente a este tipo de casos, la desigualdad del marco normativo, solución y recursos para la necesidad de un supuesto “Estado de Derecho” para los partidos políticos y sus integrantes, imponiendo por todo el resto del país un marco legal que sólo los beneficia a ellos mismos, con recursos y libertades propias y una normativa distinta para el resto de la clase trabajadora.
Otra cuestión, no menos evidente, es que este tipo de conflictos es ocultado por esa misma clase que maneja medios de comunicación masivos, haciendo prevalecer su propia verdad por sobre cualquier otro interés. O sea, un manejo social ocultista de los intereses de las mayorías, manteniendo bajo la alfombra sus intereses pequeños de grandes riquezas personales.
Y por último, lo más grave: esto muestra el nivel de podredumbre del sistema político nacional, hoy con nuevo caso a la vista. Las fundaciones develaron una nueva arista, esto viene sucediendo desde hace años, ¿dónde están las fiscalizaciones?, ¿dónde está el ministerio de justicia?, ¿dónde está el fiscal nacional? ¿los comités centrales? ¿la normativa de probidad militante? ¿Dónde está el amor por servir al pueblo? Todo esto terminó reduciéndose a un estár en política por antropofagia, comiéndose a todos, sin moral, sin amor a nadie más que a ellos mismos.
Vamos a votar En Contra en diciembre, pero no será la única vía para quitarles poder. Chile precisa de la movilización de los trabajadores y de los pueblos.
Conclusiones:
Cuando se trata de un proyecto burgués, y más si tiene apoyo imperialista, todo es posible. La creación de Convergencia Social no es un acaso y respondió en su momento a una necesidad contundente de la burguesía: encauzar el levantamiento popular por la vía institucional.
