La oligarquía nacional celebra su independización colonialista entre muchas comillas 

No podemos renegar del pasado ni tampoco podemos saltarnos etapas. Así como es imposible pedirle a una madre que de a luz a un hombre de 30 años también es Imposible que lleguemos a la verdadera independencia del explotado sin pasar por la "falsa independencia" o la independencia de los sectores burgueses criollos. 

Aunque la verdadera independencia oligárquica chilena se celebra en febrero, para el pueblo es en septiembre. 

Y hablemos las cosas como son, hasta la fecha este pequeño grupo de familias adineradas nunca ha roto ningún vínculo con sus dueños.

Cambió la forma, sin lugar a dudas, pero la mano imperialista y de sus aliados los sigue presionando por las riquezas invaluables de nuestra tierra, que no sólo yace en sus bienes comunes, minerales, tierra, agua y un interminable etc. También su riqueza yace en su gente, muy ávida de ser dominada, excluyendo lógicamente a sus pueblos ancestrales especialmente el pueblo Araucano, qué ha sostenido la lucha por siglos.

Pero ha sido la construcción histórica de la oligarquía criolla sobre todo en la educación quién ha prediseñado los parámetros de esta independencia entre “comillas”.

En Chile, los señoríos chilenos no eran un grupo político, sino una clase política en formación. Convocaron una reunión el 18 de septiembre de 1810 para mantener el poder obtenido tras la prisión del rey de España por Napoleón Bonaparte. 

El Conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano, hizo esta convocatoria, que se considera el inicio real de la independencia. José Miguel Carrera lideró el primer gobierno nacional en 1810.

La independencia chilena se divide en dos períodos: la Patria Vieja (1810-1814) y la Reconquista española (1814-1817), liderada por O’Higgins. 

El primero fortaleció una revolución armada, mientras que el segundo reconstruyó el Estado durante la guerra. Entre Carrera y Portales, los gobiernos fueron unipersonales. O’Higgins dejó el poder en 1823 debido a tensiones con las oligarquías dominantes.

El sentimiento nacional en base a castigos

El sentimiento nacional no surgió de manera espontánea en la población chilena durante el siglo XIX, especialmente durante las guerras de la Independencia, que tuvieron un carácter de guerra civil. La mayoría de la población mostró indiferencia, huyó o desertó para evitar el reclutamiento forzoso por ambos bandos, especialmente el ejército patriota. Después de las derrotas de las tropas leales al rey en la batalla de Maipú, algunos sectores del campesinado y el artesanado de la región central mostraron cierta adhesión a la causa independentista, pero el patriotismo no era un sentimiento generalizado.

Los sectores populares tuvieron una participación limitada en el proceso de independencia porque no tenían casi nada que ganar. Su participación sucedió principalmente por coerción. La propaganda oficial sobre “soberanía popular” es una ficción, porque el poder real seguía en manos de un pequeño número de privilegiados.

Para disciplinar al pueblo fueron usados trabajos forzados, castigos físicos como azotes y carros rodantes como prisiones ambulantes. 

El servicio obligatorio en la Guardia Nacional también se utilizó como una mezcla de coerción y “educación patriótica”, junto con las festividades nacionales, la promoción de símbolos patrios y la influencia de la Iglesia Católica.

La creación del sentimiento nacionalista se evidenció durante la Guerra del Pacífico, donde los voluntarios superaron a los reclutas forzados.

A lo largo de un siglo de conflictos internos y externos, la clase dominante en Chile logró consolidar uno de los Estados nacionales más poderosos en Sudamérica. 

De la Independencia al “Estado de compromiso oligárquico” 

Después de las guerras de Independencia, hubo varios experimentos políticos, desde el cesarismo hasta el liberalismo doctrinario más radical. 

En la década de 1820, los “pipiolos”, representantes de esta tendencia, intentaron establecer una comunidad nacional más inclusiva basada en la Constitución liberal de 1828, que promovía la libertad individual, rechazaba el despotismo y favorecía instancias colegiadas, libertad de expresión y derechos civiles. 

Sin embargo, estas medidas, junto con el relajamiento de los controles sociales debido a las guerras de Independencia y las tensiones dentro de la élite, provocaron la reacción de las clases dominantes conservadoras en Santiago. Una guerra civil en 1833 puso fin a las aspiraciones liberales y consolidó el poder de la élite conservadora a través de la Constitución de 1833.

Este régimen político, liderado por Diego Portales, resultó en nuevas guerras civiles en 1851 y 1859 que debilitaron considerablemente el sistema. 

En la década de 1860, comenzó una transición política hacia un “Estado de compromiso oligárquico” que culminó en 1891 con la instauración de una “democracia oligárquica” más abierta y competitiva, aunque aún muy excluyente para la enorme mayoría de la población, con la supresión del censo como requisito para la ciudadanía activa y la introducción del sufragio universal masculino limitado por la capacidad de leer y escribir. 

Esto llevó a una “democracia elitaria de negociación” que realizó reformas liberales y permitió una mayor participación de algunas expresiones políticas populares.

La “democracia oligárquica”

Sin embargo, en 1891, otra guerra civil resultó en la anulación del presidencialismo “portaleano” y su reemplazo por el parlamentarismo, que aseguró la distribución pacífica del poder y la riqueza entre las élites políticas hasta 1924.

Durante un siglo de conflictos internos y externos en Chile, la clase dominante consolidó un poderoso Estado nacional. Sin embargo, antes de celebrar el primer Centenario de la Independencia en 1910, la “cuestión social” comenzó a oscurecer la situación. 

La miseria en campos y ciudades, viviendas insalubres, enfermedades, altas tasas de mortalidad, alcoholismo, prostitución y el surgimiento de un movimiento obrero anarquista y socialista reflejaban un profundo malestar social.

El régimen parlamentario tenía como objetivo preservar el poder de las élites mercantiles ante la crisis y el colapso de la dictadura constitucional de 1833.

A pesar de algunas modernizaciones, no promovió una política desarrollista sólida, sino represión contra las masas.

La Constitución de 1925

A medida que la “cuestión social” se intensificaba y se manifestaba en masacres obreras, la élite política comprendió la necesidad de un cambio. 

La masacre de la escuela Santa María de Iquique en 1907 marcó un punto de inflexión. 

Surgieron leyes sociales en 1924 y una Constitución en 1925 como base para un “Estado de compromiso” y un “Estado de bienestar a la chilena”. 

Estos cambios implicaron concesiones a los trabajadores y la cooptación de sus líderes, junto con leyes de contrato de trabajo, sindicatos y seguridad social.

Estos desarrollos representaron un cambio en el papel del Estado, que pasó de ser “excluyente” a acercarse a los trabajadores, convirtiéndolos en sujetos activos de la política y socavando el monopolio político de las élites oligárquicas. 

Este proceso se vio como una paradoja oligárquica, ya que al acercarse al Estado, los trabajadores vieron la posibilidad de resolver sus problemas y socavar el monopolio político de las élites.

A pesar de la estabilidad política y el progreso económico alcanzados durante la década de 1930 y principios de la década de 1940 en Chile, el sistema seguía siendo vulnerable debido a la falta de avances significativos en el orden socioeconómico. 

Hasta mediados de la década de 1930, la nueva democracia liberal no se esforzó por construir un “Estado Empresarial Fabril” o un “Estado Social Benefactor”, sino que buscó principalmente mantener un equilibrio político para superar una larga crisis. 

Esto resultó en altos niveles de violencia estatal, especialmente contra movimientos populares que desafiaban los límites impuestos por el Código del Trabajo.

Después de una década de crisis económica, incluida la Gran Depresión, y una inestabilidad política marcada por el ascenso y caída de la dictadura populista del general Carlos Ibáñez del Campo, la “época de compromiso” logró cierta estabilidad. 

El Frente Popular

La legislación laboral comenzó a aplicarse y, desde la llegada del Frente Popular al poder en 1938, se implementó una estrategia de sustitución de importaciones.

El Frente Popular y otras fórmulas frentepopulistas contribuyeron significativamente a esta estabilidad y a la gobernabilidad sistémica. 

A pesar de los avances en industrialización, libertades civiles y legislación social, la izquierda sacrificó los intereses campesinos y se centró en mantener la colaboración de clases con la “burguesía nacional”. 

Aunque esta política funcionó durante un tiempo, comenzó a desmoronarse en la década de 1950 debido al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la Guerra Fría, que resultó en la ilegalización del Partido Comunista y la persecución de sus militantes.

La elección de Carlos Ibáñez del Campo como presidente en base a un programa populista marcó una transición hacia una nueva versión del pacto social y político. 

La derogación de la ley que prohibía las actividades comunistas y algunas reformas electorales permitieron que Chile experimentara una democracia más sólida entre 1958 y 1973, conocida como la “época de oro” del sistema democrático chileno.

Es hora de la segunda independencia 

Ojalá en los colegios se pudiese incrementar la profundidad de lo que significa realmente la independencia o la libertad

Sin embargo los textos y el diseño educativo Chileno lo impiden. Es así cómo se solidifica la historia oficial que tan mal nos ha hecho. Para Juan Guillermo Tejeda, “Toda república se define como una agrupación de ciudadanos, pero en Chile la agrupación no es de ciudadanos, sino de familias. 

Ya lo dice la Constitución de Pinochet en su insoportable arranque fascistoide del que nuestros gobernantes concertacionistas no han sabido o no han querido escapar: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad…”.

Las familias dominantes han tenido el control del país por más de 200 años y eso no ha cambiado.

Este año se ha notado más que nunca, la conmemoración de su última arremetida un 11 de septiembre así lo determina, aunque sigue dejando la misma pregunta en el aire ¿Cuándo será el turno de los plebeyos de independizarse de su oligarquía? 

No podemos renegar del pasado ni tampoco podemos saltarnos etapas. Así como es imposible pedirle a una madre que de a luz a un hombre de 30 años también es Imposible que lleguemos a la verdadera independencia del explotado sin pasar por la “falsa independencia” o la independencia de los sectores burgueses criollos. 

Hoy, en una era relativamente tan avanzada como la nuestra, no podemos pensar que todo lo que podíamos hacer por la evolución del hombre ya está hecho y que el capitalismo como tal es el fin de este camino, porque eso es negar la historia y la ciencia.

El capitalismo comenzó a desarrollarse en la América Latina colonial en una frankenstein entre un capitalismo atrasado, ya que producía para el mercado mundial, y una especie de feudalismo, por las relaciones de vasallaje, e incluso de esclavismo. 

Hasta ahora los métodos capitalistas han sido para el progreso de la Humanidad. Hoy se ha transformado en una sociedad anacrónica que dificulta el desarrollo, y mucho más en los países neocoloniales donde la explotación de las metrópolis se ha vuelto muy violenta, debido a la agudización de la mayor crisis capitalista de todos los tiempos.

“Todo lo que nace merece perecer” digo Goethe, el gran poeta alemán. Lo que en determinadas condiciones puede parece imposible, como lo fue la independencia de las colonias, no lo es cuando las condiciones están dadas, tanto en relación a sus condiciones objetivas como en relación a la conciencia de los trabajadores y los oprimidos, conforme el propio sistema los obliga a luchar por su sobrevivencia.