Las crisis políticas no obedecen a condiciones monofactoriales, y suelen ser resultados, de acumulación de indicadores, sostenidos en el tiempo.
De ese modo, queda expresa la incapacidad de generar la “asignación autoritaria de valores” como lo señala David Easton, es decir; que las reglas del juego sean obligatorias para todos y con las mismas sanciones, en caso de ser descubierto evadiéndolas.
En Chile, está instalada públicamente la idea de una “pax romana”, donde las clases dominantes gozan de inmunidad penal, mientras que las clases populares son sancionadas y sofocadas por deudas y castigos legales, como por la evasión del pago del pasaje en el transporte “público”, con refuerzos legales y policiales para ellos. La sensación de justicia solo sucede para un lado de las clases sociales.
Es en este contexto, donde empezaron unas protestas protagonizadas por adolescentes, que dieron comienzo el 7 de octubre del 2019, por el alza del servicio mencionado.
Los “pingüinos” siguen siendo quienes hacen mover las cosas de la sociedad hace décadas, y en este escenario, la evasión derivó en represión policial dentro y fuera del Metro, en corte y suspensión del servicio, generando el colapso en las calles.
Situaciones semejantes, con el movimiento estudiantil antecediendo el movimiento popular y de trabajadores han sido bastante comunes desde el Mayo Francés de 1968.
Hacia el 18 de octubre de 2019, el factor que lo cambió todo, fueron dos escopetazos ejecutados por Carabineros, hacia dos niñas menores de edad. Este hecho, más los ingredientes sociales, generaron protestas en las calles y estaciones de Metro, desatando la ola, posteriormente bautizada como “estallido social” por la prensa y que de hecho fue una enorme revuelta popular espontánea.
En nuestra opinión personal –que no podemos probar, dado que no hay evidencia ni caso cerrado- la quema del Metro se produjo como una jugada institucional, un atentado de bandera falsa que tenía por objeto, movilizar a los militares, aplaudidos por la muchedumbre, ahogando los “apoyos” a la movilización social. El tiro salió por la culata, pero lo que ocurrió a posteriori, fue una obra maestra desde el poder, sin saber quién habrá sido el arquitecto de semejante jugada maestra de la política, con el objetivo de canalizar por las vías institucionales a la Revuelta Popular.
No fue la primera vez en que las clases dominantes usaron su “democracia” para romper revueltas populares y revoluciones.
El propio caso del Mayo Francés de 1968, cuando la casi totalidad de las fábricas importantes fueron ocupadas por los obreros franceses, fue controlado llamando a elecciones y los partidos Socialista y Comunista ayudando al gobierno de De Gaulle a terminar con la revuelta.
Ocho años después hicieron lo mismo en Portugal, para controlar la Revolución de los Claveles.
El pacto por la paz y una “nueva” constitución fue una jugada del conjunto del sistema actual para descomprimir la movilización producto de la Revuelta de octubre del 2019, sobre la base de la idea que desde arriba se puede desarticular la movilización desde abajo y cerrar la crisis. Para obtener ese cometido, el sistema fue obligado a “destrozar” la legitimidad institucional vigente entregando una “nueva”constitución manteniendo en pie todas las estructuras impuestas en la Dictadura.
Las movilizaciones continuaron y se extendieron, pero fueron finalmente anuladas durante la crisis sanitaria, a partir del mes de marzo del 2020. Aún así, es incorrecto señalar que las expresiones populares –incluídas las protestas- se acabaron; de hecho se reforzaron con la aparición de las ollas comunes, aunque el caso de las protestas no fueran tan generalizadas y fuertes como en octubre del 2019.
El pacto del 15 de noviembre del 2019 representó la salida institucional para la crisis.
Se inició un plebiscito, con voto voluntario, para decidir si se quería una nueva constitución o no, y que organismo debería redactarla, pero manteniendo todas las estructuras impuestas por la Dictadura intactas. Ganó la opción Apruebo, junto con la fórmula más democrática de las dos propuestas planteadas (convención constitucional).
La derecha ofrece –posteriormente- 17 escaños reservados (que claramente no puede disputar la derecha, achicando la torta de los escaños que ellos mismos pueden obtener), recortando el tamaño de 17 distritos -lo que aumenta el valor del voto- a cambio del plebiscito de salida con formato obligatorio.
Se eligen a los convencionales constituyentes, con el mapa electoral de la Cámara de Diputados -155 convencionales-, donde la derecha obtiene menos de 1/3 de los escaños, perdiendo el poder de veto, pero iniciando la campaña del rechazo desde el día uno.
¿Qué implicaba que cambiaran las formas de participación?
Que cambian los resultados, más teniendo en cuenta el contexto Chile.
Desde que se instaló la “inscripción automática y el voto voluntario”, más del 50% ha decidido no votar, pues además de ser los menos beneficiados por la acción electoral –clases populares- no reviste interés, la participación en un marco donde solo “hay más de lo mismo” y la tradición se va agotando.
Con el voto obligatorio e inscripción voluntaria, votaron –se dice- solo los interesados y cuando pasamos al voluntario, dejaron de votar alrededor de 1,7 millones de electores – ¿Votaban solo por estar obligados o les dejó de motivar en el camino?- y esa cifra en adelante fue más o menos estable, desarrollando un bloque de votantes fijos, los que siempre participan.
La porción del padrón electoral inactiva –automarginada- es la porción más grande y ese bloque electoral –el de la abstención- definió el resultado electoral.
En nuestra opinión, no votó de la mano con la derecha ni guiada por ella, sino que votó contra la oferta política, que no le interesa y está obligado a participar, con amenazas de cárcel de no participar. Es más atractivo decir NO a cualquier oferta política que nulo, en un contexto binario.
Se cambiaron los mecanismos de participación y cambiaron los resultados en el plebiscito de salida, dejando como ganadora la opción Rechazo.
La jugada magistral, consiste en haber blindado al gobierno de Piñera, evitando su caída, perdiendo dos elecciones, pero ganando la tercera que cerraba el proceso, con el resultado de no tener al criminal encarcelado, ni una “nueva” constitución.
Entre medio de todo esto, se termina el contrato legal de Sebastián Piñera como presidente, y resulta electo un ex diputado, que fue mojado por cerveza en la cabeza, durante una protesta en las calles, posterior a la aprobación de la ley antibarricadas del mismo.
El sistema –autorreproductivo- entiende que “nuevo gobierno, nueva fase” y piensan que las crisis son superadas por meros hechos electorales, en un contexto de “revolución fallida y contrarrevolución” como sugiere la historia de las revueltas y revoluciones.
Es por eso que el gobierno Boric aprobó la Ley de Infraestructura Crítica –pendiente del gobierno represivo de Piñera-, la Ley Naim-Retaman, con su famoso “autoindulto” para quienes violaron los DDHH, entre otras marañas institucionales.
El actual proceso constituyente, es un remake de la “Comisión Ortuzar”, con “expertos” redactores designados, instalados por los partidos, para luego votar por 50 escaños con el mapa electoral del Senado, donde la derecha siempre ha tenido una notable sobrerrepresentación que “custodia la democracia”.
Se pretende llamar transversalmente a todos los electores Boric-Kast a aprobar, pues son mayoría, respecto del bloque de la abstención, construyendo una “constitución de consenso”, que no es otra cosa que la constitución de la derecha, negociada parcialmente con la centro-izquierda, tal como ocurrió en 1989.
Si se aprobase, lo que sería una extraña y coincidente hazaña, pasaríamos de haber rechazado una propuesta democrático-liberal a una conservadora-autoritaria, que “representa” al espíritu de la “democracia” de los acuerdos, pero recordemos que la “democracia” vigente es el arte de distorsionar la voluntad general a favor del puñado que se beneficia de las estructuras impuestas por la Dictadura y mantenidas intactas hasta hoy.
