La sombra de la impunidad: Tribunal Constitucional interrumpe causa del ex carabinero y el incidente en el Mapocho

¡No se calló, lo empujaron! La justicia sigue dandole cuerda a delincuentes de verde, de cuello y corbata, mientras criminalizan las protestas, las reivindicaciones de los pueblos originarios. ndignación pero nada de sorpresa, ya que la justicia es algo que hace mucho falta en Chile.

El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la causa contra un ex carabinero acusado de lanzar a un joven al Río Mapocho, durante la Revuelta Popular que estalló en octubre de 2019. Indignación pero nada de sorpresa, ya que la justicia es algo que hace mucho falta en Chile.

El ex carabinero, de aquí en adelante Zamora, es culpable de arrojar al Río a un manifestante. La suspensión de la causa por parte del Tribunal Constitucional ha sido un duro golpe para quienes buscaban justicia de la Justicia institucional, en este caso.

Zamora enfrenta cargos por homicidio en grado de frustrado, debido a los hechos descritos por el Ministerio Público. Según la acusación, el 2 de octubre de 2020, en el Puente Pío Nono, Zamora se lanzó diagonalmente contra un joven de 16 años, provocando que cayera de cabeza hacia el Río Mapocho desde una altura aproximada de 7.4 metros, Además luego se retira del local sin brindar asistencia. El joven sufrió fracturas en ambas muñecas.

Una vez finalizado el plazo de investigación, el juzgado emitió el auto de apertura correspondiente el pasado 22 de mayo. En dicho documento se detallan las pruebas, testigos y peritos presentados por ambas partes. Sin embargo, se excluyó de la prueba presentada por la defensa al perito Pedro Pavez Muñoz, profesor de Educación Física y entrenador de rugby, así como a dos testigos: Carlos Leiva Fernández, experto en seguridad, y el Fiscal Patricio Macaya Silva, quien representa una complejidad adicional para el Ministerio Público.

No obstante, la disputa central se centra en el caso de Macaya, quien era el fiscal de turno la noche de los hechos y emitió las primeras instrucciones relevantes, lo cual es precisamente lo que los defensores desean que declare. Si bien no existe una norma que prohíba que un fiscal sea citado como testigo en un juicio, el Ministerio Público ha evitado que sus fiscales comparezcan ante el estrado desde los inicios de la Reforma Procesal Penal. Argumentan que su condición de “intervinientes”, como los define el Artículo 12 del Código Procesal Penal, es incompatible con la de testigos, ya que estos últimos son, por naturaleza, personas ajenas al proceso penal. Sin embargo, de acuerdo con las opiniones de Peña, Fodich y Villalobos, Macaya no sería un “interviniente” en el proceso, ya que no es el fiscal a cargo del caso (ese sería Ximena Chong) y tampoco participó, por ejemplo, en la formalización del acusado.

El Fiscal Nacional, Angel Valencia, respondió el miércoles pasado al TC, pidiendo que se rechace el recurso, argumentando, entre otras cosas, que el Tribunal excluyó a los dos testigos y el perito “por resultar manifiestamente impertinentes”, agregando que la defensa apeló de ello y que existe un trámite pendiente ante el tribunal de alzada de Santiago.

Por cierto, la última aparición de Zamora se produjo a inicios de junio pasado; en su cuenta de la red social, escribió que “también en el año 2020 me sentí Despreciado, al igual que esa chapita. No solo fui yo, sino cientos de carabineros que fueron juzgados en un tiempo donde se caía a pedazos el estado de derecho en nuestro país. Todos nuestros carabineros fueron despreciados. Grandes Carabineros de Chile“.

Esta decisión judicial plantea interrogantes sobre el compromiso real de las instituciones para abordar los casos de violencia policial y garantizar la protección de los derechos humanos. La impunidad y la falta de consecuencias para los actos de violencia cometidos por agentes del Estado generan desconfianza en la sociedad y demuestran aún más que la justicia tiene dueño, y es a favor de los grandes capitales.

La sociedad exige respuestas y acciones concretas para prevenir la impunidad y garantizar que los actos de violencia policial no queden en la impunidad.

Carabineros es una de las herencias que nos dejó la Dictadura. Esa institución debe ser estructuralmente refundada.