Los alarmantes peligros de la Propuesta Constitucional

“La nueva Constitución busca derechos para la burguesía. La libertad de elección es un privilegio para los adinerados. El rescate de las Isapres perpetúa un modelo, las AFP no garantizan pensiones dignas. La educación orientada al mercado profundiza la crisis financiera y la desigualdad educativa.”

Una de las principales aspiraciones de una nueva Constitución es sellar en piedra derechos sociales efectivos, pero, lamentablemente, esas palabras quedaron en un vacío abismal. En esta nueva realidad, persisten los modelos de negocio en detrimento de las necesidades de las personas, perpetuando sistemas que claramente han fracasado, sumidos en una profunda crisis, y que explotan a costa de nuestros derechos fundamentales. La libertad de elección se torna un privilegio exclusivo para aquellos afortunados con recursos.

  1. Rescate de las Isapres: Se perpetúa un modelo segregado en el ámbito de la salud, lo que implica un salvavidas para las ISAPRES, además de la imposibilidad de crear un sistema de salud integral basado en la equidad y la solidaridad. Esto también desfinancia la salud pública, continuando la restricción del acceso a la atención médica, la cual sigue dependiendo del tamaño del bolsillo de las familias, en detrimento de quienes tienen necesidades de salud más apremiantes. 
  2. Constitucionalización de las AFP: No se establecen los cimientos de un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. En cambio, se inmoviliza la capitalización individual (el sistema AFP), cerrando la puerta a reformas que han sido postergadas por más de una década. Esto mantiene las penurias en las pensiones y los problemas derivados de lagunas previsionales. Se continua manteniendo las ganancias de una minoría que especula con nuestro dinero y nos traspasa las pérdidas, al contrario de establecer un sistema tripartito y colectivo que solvente pensiones de calidad para la vejez. 
  3. Educación orientada por el mercado: La desigualdad en el sistema educativo se perpetúa, profundizando aún más la crisis de financiamiento. El ineficaz sistema de “voucher” basado en la asistencia estudiantil continúa, obstruyendo la creación de proyectos educativos de alta calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico. La educación pública  se deteriora, y el endeudamiento persiste como la única vía para acceder a la educación superior. Se establece la libertad en la educación basada en el peso del bolsillo, el que tiene más tiene la libertad de elegir mejor, el que tiene menos tiene la libertad de someterse o endeudarse a una educación de baja calidad. 
  4. Privatización inmutable del agua: Se consolida la privatización de los derechos sobre el agua, incluso superando las disposiciones de la Constitución actual al incluir la facultad de “disponer, transmitir o transferir” concesiones. Esto plantea un serio riesgo de invalidar la última reforma al Código de Aguas, una reforma que tomó más de 10 años en materializarse y que estableció límites temporales para las concesiones. Bajo esta propuesta, basta con tener acceso al agua mediante camiones cisterna para cumplir con este derecho básico. El agua es el oro del futuro, no podemos vivir sin ella, pero aún así, la burguesía sin piedad ni dolor busca por todos los medios hacerse con nuestros recursos para continuar explotándolos, aún así no quede nada para las futuras generaciones. Se ha dejado de lado la propuesta popular agitada en cabildos y asambleas por años sobre el control del agua a través de comités de cuenca y subcuenca por vecinos y vecinas. Ahora, las personas no tienen ni derecho de protestas contra su uso indebido y el saqueo o apropiación por grandes empresas. 
  5. Vivienda para unos pocos: Se rechaza la iniciativa popular que promovía normas propuestas por los comités de vivienda, dando prioridad a las grandes empresas inmobiliarias por encima de las necesidades habitacionales de las familias. Las estadísticas del Casen 2022 indican que se requiere más de un millón de viviendas en Chile para abordar el déficit habitacional. Esta propuesta limitada no considera estándares básicos, como la habitabilidad, y carece de mecanismos efectivos para frenar la especulación y el aumento de los precios que afectan a las familias chilenas. Es decir, se establece la vivienda para los ricos si se determina el no pago de contribuciones a la primera vivienda. Nosotros nos preguntamos ¿cuántos tienen más de una vivienda en chile? 
  6. No hay derecho para las trabajadoras y trabajadores: Esta propuesta limita aún más la capacidad de organización de los trabajadores en comparación con la Constitución de 1980. Restringe explícitamente el derecho de huelga al ámbito de la negociación colectiva y deslegitima la negociación en ramas y entre empresas, lo que debilita el poder de negociación de los trabajadores. Además, anula la igualdad salarial establecida en el anteproyecto, profundizando las desigualdades en el ámbito laboral y sin ofrecer garantías para un equilibrio justo en las relaciones laborales.
  7. Personas en situación de discapacidad: Se desvirtúa la propuesta popular de normas presentada por personas con discapacidad, relegándolas a un principio en lugar de reconocerlos como sujetos de derechos con igualdad de condiciones.
  8. Desprotección de niños, niñas y adolescentes (NNA): No se les reconoce como sujetos de derecho, poniéndolos en desventaja en comparación con la situación actual al menoscabar el principio del “interés superior del niño”. Esto amenaza a los NNA que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en sus familias de origen o que enfrentan el abandono. La propuesta ignora las diversas realidades que experimentan los NNA en Chile y omite brindar apoyo estatal a quienes más lo necesitan. Se niegan convenciones de los derechos de los niños, se vuelve atrás años en avances para colocar a los niños y adolescentes como objetos de sus padres. Es volver a la edad media. 
  9. Sin reconocimiento y participación de los Pueblos indígenas: Se rechaza la obligación del Estado de garantizar la participación política de los pueblos indígenas y no se consagran derechos colectivos, como el acceso a tierras, la preservación de su cultura y cosmovisión. No se logró avanzar de manera significativa, a pesar de que el proceso constitucional contempló escaños reservados, y el Consejo se opuso a incluir esta figura en el Congreso Nacional. Pero más grave aún, se niega la autodeterminación de los pueblos, se niega que éstos hayan sido por siglos masacrados, expropiados y diluidos a una minoría en manos de las grandes empresas que usurpan sus tierras de manera ILEGAL, con total sustento del Estado y de la Justicia. 

La propuesta busca retroceder en los derechos de las mujeres y niñas, al imponer una Constitución con un enfoque moralista que perpetúa los roles de género y la desigualdad. Si bien se habla de defender la libertad de elección, para la derecha y la ultraderecha, parece que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus propios proyectos de vida. El concepto de libertad está únicamente referido a la libertad económica de lucrar más y traspasarle la crisis a los pueblos. 

  1. El Banco Central, totalmente independiente e institucionalizado por la “nueva” constitución, pretende poner a Chile de rodillas por completo ante las potencias extranjeras, principalmente los Estados Unidos, por medio del aumento de la rapiña financiera.
  1. No más aborto, ni en tres causales: La Constitución pone en riesgo la Ley de Aborto en Tres Causales (cuando existe riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación). La propuesta muestra una inclinación conservadora, al proteger con más rigor al no nacido que la Constitución de 1980. Además, plantea amenazas para las políticas de salud pública, como la disponibilidad de la píldora del día después. La Iniciativa Popular de Norma sobre derechos sexuales y reproductivos también fue rechazada, ignorando la participación ciudadana y poniendo en peligro los derechos de las mujeres y niñas.
  2. Objeción de conciencia como excusa para evadir la ley: La propuesta consagra un derecho amplio que en otros lugares es una excepción. Esto generará obstáculos adicionales para acceder al aborto en tres causales y abrirá un espacio de inmunidad ante la ley para actores privados. Por ejemplo, las escuelas podrán expulsar a hijos de padres separados o a estudiantes trans. Además, las farmacias podrán negarse a vender la píldora del día después.
  3. En peligro la Ley Papito Corazón: La forma en que se regula la pensión pone en riesgo la Ley de Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, que podría ser declarada inconstitucional. La propuesta no reconoce que la gran mayoría de los “alimentantes” son deudores y, en lugar de priorizar a los niños, niñas, adolescentes y sus madres, parece ponerse del lado de los deudores de alimentos, ofreciendo herramientas para oponerse a la retención de sus fondos. Es decir, a más carga para la mujer, mayor condicionamiento a la misma a través de reducir la responsabilidad únicamente a la madre. 
  4. Desprotección para el trabajo de cuidado: No se reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, ni se garantiza el derecho a ello. Esto no proporciona garantías para quienes brindan estos cuidados ni para quienes los reciben. La propuesta limita este ámbito solo al contexto familiar, lo que va en contra de la idea de redistribuir esta labor. Aunque se menciona “los cuidados”, su formulación se presenta como una norma vacía. No existe un sistema de cuidados solidario, universal y de calidad proporcionado desde el propio Estado para disminuir las cargas domésticas y socializar los cuidados generales del hábito particular. Prima lo privado sobre lo público y comunitario. Se ha reducido al Estado a un garante de la explotación capitalista sin ningún tipo de rol social, de distribución o de garante de derechos para las amplias mayorías. 
  5. Participación política debilitada: El principio de participación política de las mujeres queda debilitado, al consagrar solo el acceso equilibrado a las candidaturas, similar a la ley actual. Además, se aprobó una norma transitoria que limita al Congreso y que dura sólo dos períodos, en la que un género no puede superar el 60% de los escaños. Nuevamente, se postula que el lugar de la mujer es en el hogar y no en los debates públicos y políticos, negando así el rol histórico que ha cumplido la mujer en la política en todos sus ámbitos y niveles. 

Constitución que promueve abusos y privilegios. Se nos presenta una Constitución que legitima los abusos y que está diseñada a la medida de los mismos de siempre.

  1. Menos impuestos para las grandes fortunas: Se constitucionaliza una reforma tributaria encubierta y se introduce una serie de beneficios que favorecen a las mismas élites privilegiadas de siempre. Esto plantea un riesgo de desfinanciamiento del Estado, que será suplido con nuevas formas de financiamiento que seguramente serán pagadas por la población pobre, excluida, trabajadora y obrera, aumentando el  espacio de privilegio que altera las normativas actuales. Además, se opusieron a las normas que sancionan la elusión y la evasión fiscal.
  2. Desprotección ante los abusos empresariales: La propuesta limita la capacidad del Estado para regular y sancionar adecuadamente, lo que solo beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de la ciudadanía. Las instituciones como la Dirección del Trabajo, el SERNAC o la Dirección General de Aguas verán seriamente restringida su capacidad para supervisar y aplicar sanciones. Si ya hoy el actuar del Estado deja más que desear en cuanto al control de las grandes corporaciones, con esta nueva constitución ni siquiera se podrá denunciar al Estado que realice su trabajo, puesto que, constitucionalmente, ya no ópodrá hacerlo. 
  3. Libertad para presos genocidas de Punta Peuco: Se establece a nivel constitucional el beneficio de arresto domiciliario en caso de enfermedad terminal, lo que beneficia a violadores de derechos humanos y también a personas condenadas por otros delitos graves, como homicidio, feminicidio, delitos sexuales o narcotráfico, entre otros. 
  4. Diseño parlamentario a la medida: El diseño parlamentario se reestructura de acuerdo a cálculos convenientes para la derecha y ultraderecha, asegurándoles una mayoría permanente en el Congreso. Reduciendo la cantidad de representantes por distrito y disminuyendo la cantidad de diputados, se crea un diseño que se asemeja peligrosamente al antiguo “sistema binominal”, excluyendo a numerosos grupos de la población. Esta supuesta “mayor gobernabilidad” se logra a expensas de una menor representatividad. En esencia hay “mayor gobernabilidad” porque todos los que estaban sentados legislando representan a las mismas personas. 
  5. Promoción del “Turismo Electoral”: La propuesta permite que ciertas autoridades que ocupan cargos de representación, como alcaldes o concejales, puedan evitar el límite de dos períodos si se postulan en otra comuna. Esto fomenta la permanencia de las mismas personas en el poder y limita el conocimiento de las necesidades locales por parte de las autoridades. Una vez más, se privilegia la estrategia electoral por encima de la posibilidad de nuevos liderazgos en la política, además de aumentar todavía más la brecha para acceder a cargos de gestión por parte del pueblo oprimido. 
  6. Normativas ambientales a favor de las empresas: La propuesta se opone a la justicia ambiental que busca resolver problemas como las zonas de sacrificio. En medio de la crisis climática, se elimina el principio de “quien contamina, paga”. Incluso la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente actual es más avanzada que la propuesta constitucional. La lucha por el medioambiente se criminaliza con esta norma, puesto que, constitucionalmente, las empresas no tienen obligación alguna con los pobladores, trabajadores, con la ciudadanía general ni con el Estado sobre lo que concierne a esta materia. Es una canilla abierta de  toxicidad y muerte en nuestro Chile. 
  1. Bloqueo de reformas posteriores, se aseguran de que sus privilegios continuen: Para evitar futuras modificaciones, la propuesta incrementa el quórum requerido para reformas, pasando de 4/7 a 3/5. Esto convierte la Constitución en un documento más rígido que la actual, dificultando cualquier posibilidad de cambio y dejando a la derecha con la capacidad de decidir sobre posibles modificaciones.
  2. Tercera Cámara revivida: Se restaura el modelo actual del Tribunal Constitucional, que había sido eliminado del Anteproyecto, otorgándole más control sobre las decisiones soberanas del Congreso. Esto legitima un órgano no elegido democráticamente que ha bloqueado o modificado leyes que beneficiaban a la ciudadanía, como la Ley que fortalece el SERNAC o la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Es decir se abre un espacio más para la participación directa de los representantes de la oligarquía nacional y transnacional, para que así sean aprobadas las necesidades de éstos en cuanto seguir lucrando a cualquier costo. 
  3. Desfinanciamiento de municipios: Una medida populista exonera a los más acaudalados del pago de contribuciones por sus viviendas principales, lo cual solo beneficia a las élites y perjudica el fondo común municipal, vital para las comunas más desfavorecidas y pequeñas, que dependen en un 70% de este recurso. La propuesta no presenta soluciones para subsanar el déficit de recursos, lo que impactará gravemente en los servicios municipales, incluyendo la seguridad ciudadana, la atención de salud y las áreas verdes, entre otros. Y este déficit será cubierto con nuevas formas de financiamiento, las cuales probablemente sean para toda la sociedad en su conjunto, aumentando la carga tributaria a las familias obreras. 
  4. Incertidumbre para funcionarios públicos: La propuesta carece de claridad sobre la naturaleza jurídica y los derechos laborales de estos funcionarios. Se busca reducir el tamaño del Estado a cualquier costo. 
  5. Descentralización en papel: La derecha se opuso a fortalecer la autonomía de las comunas y regiones, alejando el poder de decisión de la ciudadanía y limitando el margen de acción de las municipalidades, que son el primer vínculo con el Estado para la población. Además, se rechazaron mecanismos de financiamiento, manteniendo el actual modelo que perpetúa la desigualdad y la inequidad territorial entre diferentes zonas del país.
  6. Promesas vacías de seguridad y mayor criminalización: La propuesta no ofrece soluciones efectivas para combatir la delincuencia, sino que agrega más burocracia al sistema. La creación de nuevas instituciones improvisadas, la instauración del termino “terrorista” que no tiene una definición clara y que es usada para criminalizar a los luchadores sociales, además de la negación desde la propia carta magna de la prisión política.

“Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales”. (Propuesta Constitucional)

  1. Aumento de la burocracia: En lugar de mejorar la eficiencia del Estado y el funcionamiento de las instituciones existentes, se han creado 10 nuevas instituciones sin una base sólida, sin capacidad real para abordar los problemas que se les encomiendan y sin una coordinación adecuada con las instituciones ya existentes. Además, la propuesta no ha tenido en cuenta las recomendaciones de expertos ni las experiencias de otros países. Esto solo aumenta la incertidumbre y la inestabilidad en el país.

En resumen, amigos y amigas, esta propuesta constituye un paso atrás para todos nosotros, para cada rincón de nuestra querida tierra chilena. Es una realidad que no podemos permitir que se convierta en nuestro futuro.

No perdamos la esperanza, porque aún tenemos la oportunidad de cambiar este rumbo. En diciembre, tenemos en nuestras manos la decisión de rechazar este retroceso, de alzar nuestra voz y decir con fuerza: ¡No a estas leyes que amenazan nuestros derechos y nuestro bienestar y si a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana!

Juntos, podremos rechazar esta propuesta y construir un Chile donde la equidad, la justicia y la igualdad sean la norma, no la excepción.

Así que, en diciembre, levantemos nuestras voces, hagamos valer nuestros derechos, y digamos con orgullo que queremos un Chile mejor para todos. ¡Vamos a rechazar este retroceso!

#YoVotoEnContra x una #AC Libre y Soberana