Materia original de Primera Línea Revolucionaria América Latina
La decadencia absoluta llega a las costas del país “mas democrático de América Latina”, si es que ese apodo aún sigue resonando por las cúpulas clasemedieras que dejó el Frente Amplio, mientras masacraba nuestro campo con papeleras, eucaliptos, soja transgénica y el silencio absoluto a las víctimas de la Dictadura.
Se ha aprobado en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Reparación a Víctimas de la Guerrilla. Lo más interesante del asunto es que la misma fue impulsada por el propio Cabildo Abierto, que aglutina una buena parte de la extrema derecha; aquel pequeño grupo que salió a flote en las elecciones pasadas reivindicando el lado más facho de los uruguayos.
Y no tan solo eso, sino que el propio Partido está conformado por puras cúpulas militares. Empezando por el propio Manini Ríos, el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Esta Ley plantea una reparación económica para un reducido grupo de personas afectadas por la guerrilla en el pasado.
La ley actual recoge montos de dinero establecidos por el expresidente Tabaré Vázquez, beneficiando a un reducido grupo de personas, conformado en su mayoría por militares, civiles y policías.
No podía esperarse menos de una ley levantada por un partido tan reaccionario como Cabildo Abierto. Pero lo que mas llama la atención es la falta de movilización que esto ha generado.
El negacionismo se ha instaurado en nuestra América Latina, relativizando las dictaduras sangrientas, los atropellos a los Derechos Humanos y en especial olvidando que todo eso fue un plan muy bien armado desde arriba. Y no, no nos referimos a dios, sino a Papi Washington, allá por el norte del Continente.
Esta propuesta sólo puede generar preocupación, ya que no se ajusta a los principios de verdad, justicia y reparación necesarios para enfrentar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura.
El texto establece tres tipos de reparaciones: serán US$ 150 mil para los herederos de las víctimas fatales del accionar guerrillero, US$ 100 mil para los que quedaron incapacitados de forma permanente por estos actos y US$ 50 mil para los que haya sido privados de su libertad al menos por 72 horas.
El proyecto comprende cualquier acción de este tipo ocurrida entre el 1 de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976. La estimación es que el Estado deberá desembolsar por esta vía unos US$ 10 millones.
Además, las fechas que abarca afectan únicamente a las acciones de la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y excluye a grupos armados de ultraderecha, como los “escuadrones de la muerte”, que operaron en los años de 1960 en Uruguay.
Existe una falta hacia la sociedad Uruguaya en torno al Juicio, Castigo, y no Repetición. Ni hablar de la justicia.
Uruguay al igual que otros países como lo es Chile, han quedado rezagados en estos elementos. Y no es menor; esta Ley pasa a cancha limpia mientras hace unas semanas tan solo se noticiaba la aparición de restos en el Batallón 14 y la liberación de archivos reservados.
Lo que evidencia la urgencia de seguir luchando contra la impunidad y garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
Hay que dejar en claro que la Justicia es algo que nos han negado los propios partidos que han asumido el rol del Estado desde la “reapertura democrática”.
En barrios obreros de Montevideo, como lo son La Teja y El Cerro, por donde sea que mires están los rostros pintados de compañeros, compañeras, amigos, familiares… que renegamos dejar en el olvido.
No por el simple hecho de dejar la herida abierta, sino por la necesidad de recordar para no olvidar y en especial de exigir que la justicia sea llevada adelante.
Los distintos gobiernos desde la “reapertura democrática” han intentado socavar la memoria a un slogan vacío y poco han hecho verdaderamente por la causa.
La búsqueda de verdad y justicia no puede ser silenciada ni olvidada. Debemos seguir exigiendo el esclarecimiento de los hechos, el enjuiciamiento de los responsables y la reparación integral para las víctimas y sus familias. No podemos permitir que los crímenes de lesa humanidad queden impunes y que se intente reescribir la historia a conveniencia. La memoria colectiva y la defensa de los Derechos Humanos deben prevalecer sobre cualquier intento de manipulación política y de impunidad.
En especial cuando esta manipulación viene de la mano de un lavaje de rostro a una etapa histórica con la finalidad de darle paso al atropello actual de derechos, de reivindicaciones y en especial del movimiento de masas que está en perspectiva de grandes ascensos.
Si hay que criminalizar algo, que sea el uso del poder por parte de una minoría descarada al servicio de las grandes empresas. No a jóvenes, estudiantes, pobladores y obreros que se alzaron contra la imposición de brutales ataques por medio de dictaduras genocidas.
La lucha contra la impunidad no debe ser olvidada ni abandonada. Debemos unir fuerzas, levantar nuestras voces y movilizarnos para exigir justicia, verdad, castigo, reparación y NO REPETICIÓN. Solo así podremos construir un futuro basado en el respeto a los derechos humanos y en la construcción de una sociedad más justa y democrática para las grandes mayorías.
